El gobierno brasileño envió este viernes a 300 efectivos federales para frenar una ola de ataques de bandas criminales en el estado de Ceará, en el noreste del país que dejó al menos un muerto, en la primera semana en funciones del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro.
Los incidentes se produjeron después del anuncio de medidas de endurecimiento del control de las cárceles, desde las cuales operan jefes de varias organizaciones de narcotraficantes.
Al menos una persona murió y dos resultaron heridas en un enfrentamiento con la policía cuando trataban de destruir un radar de control vial en la localidad de Eusebio, a 25 kilómetros de Fortaleza, la capital de este empobrecido y violento estado, informó la estatal Agencia Brasil.
El gobierno local indicó que 45 personas fueron detenidas en dos noches de incidentes en 19 municipios, la mayoría en la región metropolitana de Fortaleza.
Los atacantes incendiaron una veintena de autobuses, prendieron fuego a gasolineras, balearon agencias bancarias, además de vandalizar edificios e instalaciones públicas.
En una de las acciones de mayor impacto, destruyeron parcialmente un viaducto en la localidad de Caucaia, 20 kilómetros al oeste de Fortaleza, haciendo detonar explosivos en la base de uno de sus pilares centrales.
En las operaciones policiales se aprehendieron artefactos explosivos, botellas incendiarias y bidones de combustible.
Los comercios de la región permanecieron cerrados o bajaron sus cortinas a horas tempranas.
Fotos de medios locales mostraron amontonamientos de basura en ciudades donde los servicios de recolección están suspendidos desde los primeros ataques.
El envío de cerca de 300 efectivos de la Fuerza Nacional por un lapso de 30 días fue ordenado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, a pedido del gobernador de Ceará, explicó la ordenanza gubernamental.
“Pacto” entre facciones narcos
Informes de inteligencia publicados por la prensa atribuyeron la ola de violencia a una reacción contra modificaciones en el régimen carcelario y a la decisión de poner fin a la separación de reclusos por facciones que controlan los presidios.
El secretario de la Administración Penitenciaria, Luís Mauro Albuquerque, recientemente nombrado por el gobernador de izquierda de Ceará, se dijo determinado a que el Estado recupere el control sobre las cárceles.
En Ceará actúan tres bandas: el Comando Vermelho (CV), que tiene su base en Rio de Janeiro; el Primer Comando de la Capital (PCC) de Sao Paulo; y los Guardianes del Estado (GDE), una facción local.
Dos de ellas, el CV y el GDE, habrían sellado un “pacto de no agresión”en su guerra por el control de territorio, para poner en jaque los planes del gobierno, según fuentes de seguridad citadas por medios regionales.
Las autoridades reforzaron la vigilancia sobre las doce prisiones del estado e indicaron que 250 reclusos serían procesados por provocar disturbios y que 52 ya fueron imputados por “desobediencia, resistencia y amotinamiento”.