El Gobierno argentino se encamina a solicitar la anulación del fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferendos de Inversión (CIADI) que la obliga a pagar US$ 716 millones a AES Corporation. La disputa se originó tras la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica de Alicurá, sobre el río Limay entre Río Negro y Neuquén.
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EN BUSCA DE SOLUCIONES
La Procuración del Tesoro, a cargo de Santiago Castro Videla, considera la opción de apelar para postergar el proceso y abrir una instancia de negociación. Esta estrategia se alinea con la política judicial de la Nación en litigios internacionales.
“No tenemos plata para pagar y tampoco nos vamos a endeudar”, aseguran desde el oficialismo, en un contexto de restricciones fiscales y escasez de reservas.
IMPACTO DE LA PESIFICACIÓN
El fallo del CIADI responde a los reclamos de AES Corporation por la pesificación implementada en 2002, que modificó las condiciones de los contratos de concesión de la represa de Alicurá.
FUTURO LEGAL Y SITUACIÓN ACTUAL
Se espera que el Ejecutivo defina los pasos legales concretos en los próximos días, en medio de la tensión con acreedores en tribunales internacionales. La prioridad es evitar un impacto en las cuentas fiscales debido al ajuste en curso.