#ANSES #CristinaKirchner #DenunciaPenal
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo la conducción de Mariano de los Heros y dependiente del Ministerio de Capital Humano, presentó una denuncia penal contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La acusación se centra en la presunta comisión de los delitos de estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica en la percepción
de beneficios previsionales con un adicional por “zona austral”.
Los cargos y la denuncia presentada
De acuerdo con el documento al que accedió la prensa, Fernández de Kirchner habría cobrado un suplemento económico correspondiente a la zona austral en dos asignaciones previsionales:
- La pensión vitalicia por viudez del ex presidente Néstor Kirchner, enmarcada en la Ley N° 24.018.
- La asignación mensual vitalicia como ex presidenta, también contemplada en la misma normativa.
Según la ANSES, la ex mandataria percibió este beneficio sin cumplir con el requisito de residencia efectiva en una de las provincias que lo justifican, como Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa o el Partido de Carmen de Patagones en Buenos Aires.
En este contexto, el organismo previsional sostiene que Fernández de Kirchner declaró un domicilio en Río Gallegos para acceder al beneficio, pese a que su residencia efectiva se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el período en cuestión, se desempeñó como senadora por la provincia de Buenos Aires (2017-2019) y vicepresidenta de la Nación (2019-2023).
La denuncia se encuentra en proceso de sorteo para determinar el juzgado actuante.
El perjuicio económico a la ANSES
El documento presentado por la ANSES ante la Justicia federal estima que el perjuicio patrimonial para el Estado será determinado con exactitud tras las pericias contables y la investigación judicial, aunque se anticipa que la cifra es considerable.
El propio titular del organismo previsional, Mariano de los Heros, indicó que Cristina Kirchner cobró $35.255.297 en noviembre de 2024. Dentro de esa suma, el adicional por zona austral representó $6.354.523, equivalentes a 136 jubilaciones mínimas, 388 Asignaciones Universales por Hijo (AUH) o 21 jubilaciones máximas.
Revisión y auditoría de los beneficios por zona austral
A raíz de este caso, el Gobierno instruyó a la ANSES para realizar una auditoría sobre todos los beneficiarios del suplemento por zona austral. El objetivo es verificar si los perceptores cumplen efectivamente con el requisito de residencia en las provincias del sur del país.
Entre las medidas ordenadas se incluyen:
- Revisión de las normas y procedimientos vigentes para el otorgamiento del beneficio.
- Control permanente sobre la residencia efectiva de los beneficiarios.
- Modificación de normativas en caso de detectar irregularidades.
Además, el Gobierno busca determinar si el ex presidente Néstor Kirchner también percibió este beneficio de manera indebida, ya que su residencia habitual era en Olivos o la Ciudad de Buenos Aires.
Las pruebas y el pedido de medidas judiciales
La denuncia presentada por ANSES incluye copias de los expedientes administrativos, dictámenes técnicos y registros del sistema informático del organismo, donde se cuantifica el impacto fiscal del beneficio otorgado a la ex mandataria.
Asimismo, la Justicia deberá analizar el pedido de una serie de medidas probatorias, entre ellas:
- Verificación de la asistencia de Fernández de Kirchner al Senado de la Nación en los años investigados.
- Revisión de sus movimientos bancarios a través del Banco Central.
- Análisis de registros telefónicos para establecer su ubicación durante el período en cuestión.
- Pericias caligráficas sobre los documentos presentados para la obtención del beneficio.
- Pericias contables para determinar el monto exacto del perjuicio económico.
Acusación de «acto de corrupción»
El Gobierno de Javier Milei calificó la denuncia como un “acto de corrupción”, argumentando que la percepción del beneficio por zona austral sin residencia en la región podría encuadrarse en los delitos de estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica.
Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, aseguraron que esta denuncia marca un punto de inflexión en la gestión de la ANSES y su política de transparencia y administración austera de los fondos públicos.
En caso de confirmarse las irregularidades, la Justicia deberá determinar las responsabilidades individuales y exigir la restitución de los montos cobrados de manera indebida.
Debe estar conectado para enviar un comentario.