Organizaciones no gubernamentales venezolanas han emitido una alerta sobre el desmantelamiento del sistema electoral tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, proclamó vencedor al dictador Nicolás Maduro sin publicar los resultados desagregados, lo que consideran una violación expresa de la legislación nacional.
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En un informe difundido por la Red Electoral Ciudadana (REC), se denuncia que el CNE ha estado inmerso en una recurrente transgresión al marco normativo, incumpliendo los procedimientos previstos tras los comicios, como la divulgación detallada de resultados y la realización de auditorías.
La proclamación de Maduro fue rechazada de inmediato por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal alianza opositora, que asegura haber recolectado el 85,18% de las actas, respaldando la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.
El anuncio oficial desató una oleada de protestas cívicas en todo el país, ante la clara discrepancia entre los resultados oficiales y los indicios acumulados por la ciudadanía y sectores de la oposición.
La REC sostiene que las presidenciales se convirtieron en el epicentro de una fractura institucional que reorganizó las relaciones de poder en Venezuela mediante el uso sistemático de la represión, la judicialización de la política y la apropiación ilegal del aparato electoral.
El informe denuncia un progresivo debilitamiento institucional del CNE, dejando un vacío que fue llenado por otros actores del poder público, como Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, quienes asumieron vocerías sobre aspectos técnicos y operativos.
Se cuestiona también el proceso electoral regional de mayo, afianzando un modelo autoritario que utiliza los comicios como mecanismos de control, sin posibilidad real de alternancia.
Ante este panorama, el documento llama a articular una respuesta urgente y decidida para reafirmar el compromiso con la recuperación del orden democrático, denunciar todas las violaciones constitucionales y legales, y reactivar la lucha por condiciones e impulsar vías de negociación política.