Desde el año 2016, Unicef ha estado recopilando datos y generando evidencia sobre la pobreza infantil en Argentina. Durante ese período hasta 2023, casi 1,2 millones de niños y niñas se sumaron a esta situación. Sin embargo, un nuevo informe presentado este martes revela datos aún más alarmantes: se proyecta que la pobreza infantil y adolescente aumente del 57 al 70% para el primer trimestre de este año, mientras que la indigencia podría pasar del 19% estimado en el segundo semestre de 2023 al 34,4%.
Durante una conferencia de prensa tanto presencial como virtual, los principales representantes de Unicef expusieron las conclusiones de tres informes: pobreza monetaria, análisis presupuestario y suficiencia del sistema de protección de ingresos. Se destacó el desafío que supone contar con un presupuesto prorrogado, especialmente en un contexto donde la canasta básica está aumentando a un ritmo mayor que los índices de precios y los salarios.
La pobreza monetaria afecta al 57,0% de la población infantil en general, pero alcanza el 68% en hogares monoparentales y es aún mayor en niños y niñas que viven en barrios populares.
A lo largo de distintas gestiones gubernamentales, Unicef ha presentado esta información a las autoridades nacionales, incluyendo las administraciones de Mauricio Macri, Alberto Fernández y la actual gestión de Javier Milei. En todas ellas, se ha enfatizado la importancia de priorizar políticas destinadas a la infancia para frenar el crecimiento de la pobreza en este grupo etario.
En cuanto a la situación de la indigencia, se informó que esta aumentó al 14,3% en el primer semestre de 2023, lo que equivale a 1,8 millones de niños y niñas. Según estimaciones de Unicef, hacia finales del año pasado, este porcentaje habría ascendido al 19,4%, lo que implica que 630 mil niños y niñas más vivían en hogares que no podían cubrir la canasta básica de alimentos.
La pobreza multidimensional también fue objeto de análisis, revelando que en Argentina, 7 de cada 10 niños y niñas experimentan carencias tanto monetarias como privaciones en el ejercicio de algunos de sus derechos fundamentales. Esto afecta a 8,6 millones de niños y niñas en el país.
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