El gobierno de Misiones ha reafirmado su postura firme ante las acusaciones judiciales contra los cabecillas de la protesta policial que tuvo lugar en la sede del Comando Radioeléctrico de Posadas. Los cargos incluyen sedición agravada, robo, hurto y destrucción de propiedad del Estado.
Contexto del Acuartelamiento
Desde el jueves, efectivos en actividad y retirados de las fuerzas policiales de Misiones han estado en protesta, exigiendo mejoras salariales. La situación se agravó con la ocupación del Comando Radioeléctrico de la ciudad capital. Este sábado, las fuerzas provinciales y federales evaluaron la posibilidad de un operativo de desalojo, el cual fue temporalmente suspendido para evitar un escalamiento del conflicto. Sin embargo, la intención de proceder con el desalojo y las detenciones sigue en pie.
Declaraciones Oficiales
Un alto funcionario del gobierno provincial explicó a Infobae que las acusaciones no pueden ser retiradas debido a la naturaleza de los delitos involucrados. «Son delitos de acción pública, como la sedición agravada; robo, hurto y destrucción de propiedad del Estado», afirmó. Además, aclaró que los reclamos salariales no tenían justificación, ya que se planeaba anunciar un aumento el lunes siguiente.
Preparativos y Barricadas
Los manifestantes se prepararon para un posible enfrentamiento con las fuerzas federales, construyendo barricadas en las esquinas de avenidas Uruguay y Trincheras de San José, así como en Uruguay y Félix Aguirre. A pesar de la tensión, no se registraron enfrentamientos violentos, y la Gendarmería Nacional se retiró temporalmente del lugar para evitar una escalada.
Comité de Crisis
El gobernador Hugo Passalacqua, junto con el vicegobernador Lucas Romero y el jefe de gobierno provincial, establecieron un Comité de Crisis para manejar la situación. En coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, se decidió el envío de un escuadrón de 200 gendarmes para apoyar el desalojo y restaurar el control sobre el Comando Radioeléctrico.
Acción Judicial
El juez de Instrucción Ricardo Balor, quien interviene en el caso, informó que los efectivos involucrados serán imputados por sedición agravada, asociación ilícita, robo y destrucción de la propiedad del Estado. «Se actuará con dureza y con todas las consecuencias de la ley», sentenció el juez.
Desarrollo del Conflicto
La situación sigue siendo tensa, con manifestantes que incluyen familiares de policías, algunos de ellos niños, complicando el panorama para las autoridades que buscan resolver el conflicto sin causar mayores disturbios. El gobierno provincial y las fuerzas federales continúan evaluando la mejor manera de proceder para restaurar el orden y garantizar la seguridad en la zona.
En resumen, la protesta policial en Misiones ha llevado a una serie de acusaciones graves contra los líderes del movimiento, y el gobierno provincial, en conjunto con las fuerzas federales, está decidido a tomar medidas firmes para resolver la situación.
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